Los jueces justos

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Los jueces justos
Juan Laguna
Juan Laguna Velez
5 de mayo 2020

Ese es el título con el que se conoce una de las tablas laterales del Políptico de Gante, obra de los hermanos Van Eyck, que desapareció en la noche del 10 al 11 de abril de 1934, sin que haya noticias todavía de su paradero ya que, el presunto ladrón Arsène Goedieter, tras pedir un recate por la obra, murió llevándose a la tumba el lugar de escondite. En 1945 fue reemplazada por una copia pintada por el artista Jef Vanderveken. 

En realidad, la pintura forma parte del conjunto dedicado al “Cordero Místico” y representa a un grupo de personajes (los jueces) ricamente ataviados dirigiéndose a adorar al símbolo de Jesús de la parte central del políptico. El que se identificasen como “jueces justos” es algo que nadie ha aclarado, pero se mantiene tal identificación. 

¿Qué significa el término casi redundante de “jueces justos”? Aquellos que, en lugar de aplicar leyes según el Derecho del momento, imparten justicia desde su sentido de “dar a cada uno lo que merece”. Algo que en la actualidad sería objeto de inseguridad jurídica en el mundo del Derecho positivo (iuspositivismo de carácter temporal según las leyes de cada Estado)), una vez que el Derecho natural (iusnaturalismo de carácter permanente según la naturaleza humana)) ha sido relegado en la Administración de Justicia. Al final todo queda al albur de la particular interpretación de las normas y las habilidades procesales de los agentes que intervienen en cada caso.

La magnífica película sobre los juicios de Nüremberg (“Vencedores y vencidos”)  en la que se juzga el papel desarrollado por los jueces de la Alemania nazi, es el más claro exponente de cómo el haberse limitado a aplicar las leyes, según se entiende en estos días, no exculpaba su conducta y eran objeto de castigo. De nada valieron los argumentos de su defensa basados en el cumplimiento de su deber, frente a las terribles consecuencias de sus sentencias. No prevaricaron, pero fueron injustos a sabiendas de que las leyes que defendían también lo eran. 

En la Biblia encontramos: “¡Ay de aquellos que dictan leyes injustas y con sus decretos organizan la opresión” (Isaías, 10.1).  Más tarde, Santo Tomás de Aquino advertía: “Lex injusta non est lex” y más recientementeel papa Juan XXIII en su encíclica “Pacen in terris”: “Las leyes contrarias a los derechos humanos no son válidas”. En todo ello hay un imperativo ético nacido del derecho de objeción de conciencia que en la Constitución española iría subsumido en el artº 16.1: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa…”  o en el artº 17.1: “Toda persona tiene derecho a la libertad ….” . Según el profesor Andrés Ollero: “la jurisprudencia constitucional no ha vacilado en relacionar libertad ideológica y objeción de conciencia…” (La objeción de conciencia en la Constitución Española). En definitiva, la aplicación de leyes consideradas por los jueces como injustas o nulas según su conciencia, daría lugar a obviarlas y dejarlas fuera del ordenamiento jurídico. 

O, como parece que es una práctica habitual: “El Supremo rechaza su competencia para juzgar los recursos contra el decreto del estado de alarma” . Esta noticia publicada en OK Diario del lunes 4 de mayo, viene a poner sobre la mesa de nuevo la responsabilidad de juzgar y el derecho a la tutela efectiva en las demandas, con ocasión de la presentada por un abogado valenciano contra las medidas dictadas por el actual gobierno, entendiendo que las mismas exceden el estado de alerta de la crisis sanitaria y aprovechan para introducir aspectos que pueden vulnerar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales (tesis confirmada en un artículo de la ex-fiscal del Estado Consuelo Madrigal, en el periódico “El Mundo” de 4/5/2020). Al parecer el recurso es admitido parcialmente, pero entiende el auto de la Sala Tercera del Supremo que la jurisdicción sería del  Tribunal Constitucional. Una simple cuestión competencial donde las responsabilidades personales de algunos  de los miembros del gobierno (en cuanto a actos concretos de gestión) serían una cosa (Supremo) y la actuación colegiada del gobierno otra diferente (Constitucional), con lo que el asunto de diluye entre ambas competencias.

El problema inicial se situaría en el contenido de los decretos declarando el estado de alarma y las medidas subsiguientes, cuya responsabilidad es del gobierno, al igual que en las prórrogas sucesivas se extiende a las formaciones políticas que las apoyaran. La delgada línea entre “prohibir” y “limitar” en los textos correspondientes, se confunden además con su difusión mediática desde el propio gobierno o las declaraciones contradictorias de sus miembros. Es más, el conocimiento y comprobación en sede judicial de la actitud del gobierno o de algunos de sus miembros ante las advertencias de la pandemia y la comprobación de lo ocurrido durante su gestión, llevarían a la tipificación de los delitos que correspondieran. 

Todo lo ocurrido en relación con los muchos decretos/leyes, las declaraciones informativas públicas de fuentes gubernamentales (como la del general de la Guardia Civil o las del experto Sr. Simón o de los miembros del gobierno), así como toda la documentación referente a la gestión de la crisis (como la adquisición de material sanitario o los dictámenes de los expertos), van a proporcionar la posibilidad de conocer más a fondo nuestro poder judicial y la aplicación del artº 14 de la Constitución: “Los españoles son iguales ante la ley…”. Nos va a permitir comprobar si nuestros altos tribunales están a la altura que la soberanía nacional (artº 1º.2 C.E.) espera de ellos, tanto en la celeridad de sus actuaciones (ya se sabe el axioma: “justicia tardía no es justicia”) como en la imparcialidad de sus sentencias. 

Confiemos en nuestros “jueces justos” y en su vocación de servir a la Justicia por encima de otras consideraciones. 

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